España promulgó el Decreto sobre la huella de carbono y la planificación de la reducción (Real Decreto), en cumplimiento de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El decreto se basa en normas anteriores de información no financiera y aporta mayor claridad para resolver inconsistencias del pasado.
Las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto deben cumplir ahora tres obligaciones medioambientales fundamentales. Deben:
- Cálculo anual de la huella de carbono corporativa. Alcance 3 (otras emisiones indirectas): todas las demás emisiones indirectas que se producen a lo largo de la cadena de valor de la empresa (por ejemplo, logística de terceros, viajes de negocios de los empleados o gestión de residuos).
- Adoptar y publicar un plan quinquenal que muestre los objetivos de reducción de emisiones, cómo los alcanzará la empresa y cómo supervisará su progreso.
- Compartir públicamente y de forma gratuita la huella de carbono y el plan de reducción de emisiones, en un formato de fácil acceso, normalmente en el sitio web de la empresa.
Esto cambia la contabilidad del carbono de una divulgación voluntaria a una obligación legal fundamental. Los consejos de administración y la dirección deben garantizar mediciones precisas de las emisiones y crear planes de reducción creíbles alineados con el objetivo de neutralidad para 2050, respaldados por datos bien documentados.
La participación en el Registro de la Huella de Carbono de España ofrece ahora ventajas estratégicas, entre ellas el reconocimiento oficial, lo que la convierte en una ventaja competitiva.
